Cualesquiera sean los resultados de los recursos procesales interpuestos -incluso uno
de inaplicabilidad presentado por el abogado Hernán Montealegre, a nombre de la editorial
Planeta- en defensa de la libertad de expresión, lo concreto es que el daño ya está
hecho. La imagen del país debilitada por el caso Pinochet ha sufrido deterioro adicional.
La incautación de "El libro negro de la justicia chilena", de la periodista
Alejandra Matus dura ya un mes. Sigue el proceso contra ella que instruye el ministro
Rafael Huerta de la Corte de Apelaciones de Santiago por infracción al artículo 6 (b) de
la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este ministro sumariante procedió a
requerimiento del ex presidente de la Corte Suprema y actual magistrado de este tribunal,
Servando Jordán, que se sintió ofendido por el libro y se amparó en la Ley de Seguridad
que configura como atentado contra el "orden público" supuestas ofensas a altos
funcionarios, magistrados, parlamentarios y jefes de las FF.AA.
Una vez más la libertad de expresión ha sufrido un duro golpe. Ahora las cosas
parecen haberse pasado de la raya. El repudio se ha extendido por todas partes con amplia
resonancia en el extranjero. La autora, que reside en Estados Unidos, tuvo amplia
cobertura en CNN y ha recibido apoyo de organizaciones internacionales de periodistas. En
Chile, escritores, colegios profesionales, periodistas y estudiantes manifestaron su
protesta e indignación. Parlamentarios de todos los sectores pidieron el levantamiento de
la incautación y la derogación de las normas pertinentes de la Ley de Seguridad del
Estado. Un grupo de parlamentarios llevó hasta la Corte Suprema una gran tijera que
depositó en la secretaría del tribunal. El gobierno y hasta el presidente de la Corte
Suprema, Roberto Dávila, coincidieron en la necesidad de modificaciones legales.
Entretanto el libro ha circulado en copias clandestinas y apareció en Internet.
Párrafos seleccionados fueron publicados por el vespertino "La Hora" antes de
la incautación. Se supone que están en venta miles de ejemplares en ediciones
"piratas".
¿LIBERTAD DE EXPRESION?
No es el primer choque que Servando Jordán ha tenido con la prensa. Cuatro periodistas
antes de Alejandra Matus sufrieron sus iras: Fernando Paulsen y José Ale de "La
Tercera" y Rafael Gumucio y Paula Coddou que publicaron en la revista
"Cosas" comentarios humorísticos sobre las actuaciones del juez. Incluso el
magistrado se querelló contra "El Mercurio" que reprodujo en la página
editorial los comentarios de Paulsen y Ale. Hace pocos días la Corte de Apelaciones de
Santiago falló contra Jordán reivindicando la libertad de opinión editorial de los
medios.
Sin embargo, no es Servando Jordán la "bestia negra" de esta historia. La
libertad de expresión en Chile vive permanente zozobra. Varios libros han sufrido
percances definitivos. "Los negocios de Fra Fra" de María Irene Soto, relativo
a la vida empresarial y política del senador Francisco Javier Errázuriz, continúa
prohibido por los tribunales. Igual suerte sufrió "Impunidad diplomática" de
Francisco Martorell. Incluso un oficial de la Armada, Humberto Palamara, que intentó
publicar "Etica e inteligencia militar", sufrió la requisición de su obra y un
proceso que terminó en condena refrendada por la Corte Suprema.
No es tampoco la Ley de Seguridad del Estado la única cortapisa a la libertad de
expresión. Lo son también la Ley de Abusos de Publicidad, el Código de Justicia Militar
y hasta la legislación penal ordinaria. A ello se suman la censura cinematográfica, la
autocensura y la concentración de los medios de prensa.
A mediados de 1990 más de 30 juicios afectaban a 26 periodistas ante tribunales
militares. En 1991 se entregó competencia a la justicia ordinaria derogando la norma
anterior, pero no cesaron los procesos, que en el caso de la justicia militar -que
también procesó a Alejandra Matus- llegaron hasta acusaciones por "sedición
impropia".
En el estudio de Human Rights Watch, "Los límites de la tolerancia. Libertad de
expresión y debate público en Chile" (LOM Ediciones, 1998), se sostiene: "Las
restricciones actuales forman parte de una tradición autoritaria largamente asentada que
alcanzó su apogeo bajo el gobierno militar. Aunque ese gobierno llevó las restricciones
a la libertad de expresión hasta límites extremos, su origen no se remonta ciertamente
al golpe militar de 1973 y de hecho habían coexistido durante décadas con las
instituciones militares antes del mismo".
Y concluye de manera categórica: "En la actualidad, la libertad de expresión e
información está limitada en Chile hasta un nivel posiblemente incomparable con
cualquier otra sociedad democrática del hemisferio occidental". (Subrayado de PF).
EL LIBRO CUESTIONADO
Muy pocos han leído hasta ahora "El libro negro de la justicia chilena",
incautado por Investigaciones y que, previsiblemente, se encuentra en sus bodegas. En la
portada sobre fondo negro, las letras amarillas del título aparecen sobre un dibujo de
Hernán Vidal (Hervi) que representa los tres monos clásicos: el que no oye, el que no
ve, el que no habla. El formato de 14 por 23 centímetros, contiene 349 páginas de las
cuales 6 conforman un índice onomástico con más de 400 nombres mencionados en el texto.
Jordán ocupa allí amplio espacio, pero no es el único abundantemente mencionado.
Cientos de referencias y notas sustentan la investigación y cuatro páginas contienen la
relación de las fuentes consultadas.
Luego de un trabajo de seis años, el libro es -como lo han reconocido académicos y
abogados que tuvieron oportunidad de leerlo- el trabajo más serio que se ha hecho sobre
el funcionamiento de un poder del Estado, centrado especialmente en los años de dictadura
y de transición a la democracia, etapa en la cual como nunca antes la judicatura chilena
mostró debilidades, cobardía y falta de preparación. Otras investigaciones deberían
conducir a una evaluación más completa, pero es claro que no podrá haber sentencia
absolutoria para la justicia chilena. Aunque los diferentes capítulos pueden leerse en
forma separada, tienen un orden lógico. El libro comienza con descripciones de
comportamientos y personalidades de magistrados sobre el telón de fondo del intento de
reforma del Poder Judicial del presidente Patricio Aylwin, condenado al fracaso,
precisamente por la oposición de los magistrados con apoyo de la derecha. Notorios actos
indecorosos, vicios judiciales, nepotismo y arbitrariedades emergen ligados a personas,
ministros de carne y hueso, representativos de un Poder Judicial maleable a las exigencias
del poder. Muchos de ellos fueron nombrados por Hugo Rosende, ministro de Justicia de
Pinochet, que manejó a su amaño al Poder Judicial y preparó una Corte Suprema que
siguiera siendo fiel a la dictadura, aún en un régimen democrático. Un vistazo
histórico que retrocede hasta la Real Audiencia entrega raíces y claves de
interpretación de lo que vino después. Lo demuestra una terrible relación de la
impasible tolerancia -muchas veces complicidad- con que la Corte Suprema toleró abusos,
torturas y asesinatos, incluyendo episodios tenebrosos como el fusilamiento en Pisagua del
abogado del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas, que había dirigido una
investigación por tráfico de drogas en que aparecía involucrado el juez Mario Acuña,
de Iquique, convertido después en fiscal militar y agente determinante en el asesinato de
Cabezas. Finalmente, el libro se refiere a la reforma del Poder Judicial que ha puesto en
marcha el gobierno de Eduardo Frei, que enfrenta enormes obstáculos.
Por eso no son los relatos punzantes o las denuncias valerosas de corrupción,
comportamientos desordenados o viciosos la médula de libro, aunque ellos se ejemplifican
en magistrados como Servando Jordán, Marcial García Pica, comprometido con las
actividades del narcotraficante Mario Silva Leiva, "el Cabro Carrera", Luis
Correa Bulo, Arnaldo Toro, Hernán Cereceda o en otros, curiosamente mencionados por el
hijo de Manuel Contreras como asiduos visitantes de su padre, cuando éste era jefe de la
DINA. El tema de fondo de "El libro negro de la justicia chilena" es la
subordinación de los jueces, como estamento institucional, al poder del dinero, a las
ideas conservadoras y a la fuerza de los militares. La corrupción asoma por todas partes
porque los jueces han estado siempre al margen del control ciudadano. Han sido intocables
e incluso no han aceptado la crítica pública, como lo demuestra lo sucedido ahora con el
libro de Alejandra Matus. Rodeada por un muro de falsa solemnidad y temor reverencial, la
Corte Suprema ha desarrollado hábitos profundamente reaccionarios y antidemocráticos.
Más allá de aspectos personales "El libro negro de la justicia chilena" es un
cuestionamiento a fondo de la institucionalidad imperante, que aporta nuevos enfoques a
una discusión nacional indispensable.
Como manifestó la autora en carta enviada desde Buenos Aires al presidente del Colegio
de Periodistas, Jorge Donoso, "la decisión de incautar el libro ha destapado otros
debates pendientes. Lo ha convertido en bandera de la libertad de expresión. Y no puedo
entristecerme por ello. Menos aún, si creo como creo, que ganaremos y que dentro de poco
los periodistas tendrán una limitación menos para ejercer su función. Pero me gustaría
que cuando las cosas se calmen y la gente pueda comprar el libro en librería, yo sea
sólo una más de muchos periodistas ejerciendo su labor con libertad y los lectores de
esta obra puedan reflexionar sobre lo que dicen sus páginas. Entonces, este mal rato
cobrará sentido".
HISTORIA BLANCA
DEL LIBRO NEGRO
PF conversó con Carlos Orellana, editor jefe de Planeta, que participó en la
gestación de "El libro negro de la justicia chilena".
¿La incautación del libro fue una sorpresa para ustedes?
"Sí y no. Fue un riesgo calculado, pero la sorpresa surgió de la rapidez de la
reacción, casi simultánea con la aparición del libro. Se esperaba algo así -en primer
lugar por la propia autora- pero que eso ocurriría a las dos o tres semanas, debido a la
lentitud con que funcionan los tribunales. También se esperaba una querella, digamos,
normal: injurias,calumnias, abusos de publicidad, que dan origen a procesos lentos, de
destino incierto. El golpe de la Ley de Seguridad Interior del Estado fue
fulminante".
¿Una absoluta sorpresa?
"Tanto que ni siquiera supimos cómo reaccionar en los primeros momentos. Ni
siquiera tomamos nota de la orden de incautación que exhibieron los detectives y de la
que no dejaron copia. Entregamos, pues, toda la existencia: mil 80 ejemplares. El resto
había sido enviado por el servicio de novedades de la editorial a librerías de Santiago
y de algunas provincias. Varias alcanzaron a ponerlo en vitrina. Cuando se supo de la
incautación hubo una verdadera estampida de compradores. En la mañana en varias
librerías se vendieron 100 o más ejemplares. Otros libreros los guardaron. En definitiva
la incautación en librerías no fue eficaz".
¿Es parecido este caso al del libro "Impunidad diplomática" de Francisco
Martorell?
"Se trata de algo muy diferente. 'Impunidad diplomática' fue editado por
Planeta-Buenos Aires y nosotros distribuimos fotocopias con bastante anticipación para
motivar informaciones y publicaciones de partes del libro. Naturalmente algunas fotocopias
llegaron a conocimiento de los afectados. Iniciaron procesos que no fueron por la Ley de
Seguridad Interior del Estado, porque no se trataba de autoridades, procesos por injurias,
calumnias, abusos de publicidad y cargos semejantes, lograron que se dictara una orden
judicial prohibiendo la internación del libro. Pero con todo el autor sufrió una fuerte
persecución y debió pasar años de exilio en Buenos Aires. Esto ocurrió en 1993".
Pero estos ejemplos - y otros libros que han circulado sin problemas- indican que
ustedes han perfilado una línea hacia el periodismo de investigación.
"Efectivamente, y que va más allá porque se extiende a ensayos y otro tipo de
trabajos sobre temas candentes. No es esta, por cierto, una característica exclusiva o
particularmente original. Planeta-Buenos Aires se ha hecho famosa como la publicación de
libros de denuncia. Horacio Verbitsky es autor emblemático de la editorial argentina.
Escribió un libro sobre la justicia que causó revuelo. Y hace un par de años 'Robo para
la corona' que constituyó una denuncia corrosiva sobre la corrupción y enriquecimientos
generados en torno a los procesos privatizadores. Alicia Cerrutti publicó 'El jefe' -un
libro sobre el presidente Menem- inimaginable en Chile, una verdadera requisitoria que no
deja nada sin escudriñar de la vida privada y pública del mandatario. Verbistky ha
solidarizado públicamente con Alejandra Matus a la cual visitó en Buenos Aires.
Con esos ejemplos, en Chile intentamos algo parecido. Con diferencias porque no hay
entre los periodistas entrenamiento por así decirlo, en materia de investigación. Salvo
durante la dictadura que se produjo en el campo específico de los derechos humanos. Pero
el tema fue quedando un poco de lado por falta de receptividad pública. Surgieron otros
temas y tratamos de abordarlos, como la ecología, la crisis moral, 'Los hijos de
Pinochet', reportaje periodístico sobre la clase política y empresarial emergente de la
dictadura, 'La crónica de la transición' de Rafael Otano, 'La cofradía blindada",
de Dauno Tótoro, y las cartas abiertas a distintos personajes públicos que han aparecido
en los últimos meses".
En esa línea se inscribió entonces la investigación acerca de la justicia...
"Fue un problema que tuvimos presente desde un principio, diría que por lo menos
desde 1993. Nos costó bastante encontrar autor en un verdadero peregrinaje pirandelliano.
Hasta que conseguimos a Alejandra Matus que se demoró un buen tiempo, por la complejidad
del tema, su experiencia limitada al principio y el trabajo que debió cumplir en torno al
caso Letelier que, junto a Francisco Artaza les significó el Premio Ortega y Gasset y la
publicación en España de su excelente reportaje 'Crimen con castigo'. La etapa final del
'Libro negro' la realizó la autora en Estados Unidos, lo que dio más tranquilidad y una
distancia conveniente. Contó con la ayuda desde Chile de dos notables periodistas
jóvenes, Marcela Ramos y Juan Andrés Guzmán, autores de la investigación sobre el caso
del conscripto Pedro Soto Tapia".
El resultado ha sido bastante notable.
"Así creo. Pienso que se apreciará mejor cuando pase la efervescencia y el
escándalo porque el libro va mucho más allá, es un cuestionamiento a fondo del
funcionamiento de un poder del Estado, que en muchos aspectos no cumple con su
deber".
La prohibición de circulación del libro se califica como un atentado a la libertad de
expresión...
"Efectivamente lo es, aunque no lo sé exactamente al tenor de la letra de la ley
porque no soy abogado".
Pero al mismo tiempo el problema es más complejo y tiene que ver con la manera como se
entiende la democracia en Chile.
"Yo creo que de eso se trata. Me remito a la exposición que hizo el abogado
Roberto Garretón en el acto de presentación del libro. Señaló que en Chile la calidad
de la justicia que tenemos y la forma en que los medios encaran esa realidad tiene que ver
con algo tan esencial como si existe o no democracia. Mientras haya un Poder Judicial con
las características del que tenemos y existan las dificultades que impiden a los medios
hablar de ellas, podrá decirse que nuestra democracia es profundamente imperfecta. Y
sostener incluso que no existe democracia.
El problema es ese y hay que correr riesgos para abrir brechas aunque sean pequeñas.
El escritor Carlos Franz, que vino a solidarizar con la autora y la editorial nos decía
que debíamos mantenernos firmes. Esa es la manera, opinó, que se abra un canal de
expresión que se da en los libros y no en otros medios. Y habrá escritores que pensarán
que llegó la hora de escribir libros para decir cosas que se ocultan o se niegan.
También lo dijo Patricia Verdugo en un acto en la Universidad Diego Portales. Un
alumno preguntó ¿qué podemos hacer? ¿por qué ocurren estas cosas en Chile? Ella
respondió: el problema no es sólo de la libertad de expresión ni menos de Servando
Jordán, ni siquiera de la justicia ni de Pinochet. El problema de fondo es la transición
que vivimos. Llegó la hora -dijo- que los jóvenes examinen qué transición estamos
viviendo, qué nos ofreció y qué esperamos de ella, hacia dónde vamos. Hoy se trata de
la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero el problema es mucho más amplio".
¿Eso es también lo que usted piensa?
"No sólo yo. Sin ánimo de expresiones grandilocuentes, eso es lo que ha estado
detrás de nuestra actuación, que es modesta y que tampoco pretende cambiar el mundo.
Pensamos que debemos ser consecuentes con un mínimo de ideales que permitan abrir
ventanas y que circule la libertad. Creo que se han forjado condiciones para que la gente
salte la barrera de ciertas timideces, silencios y temores"
ROBERTO ORTIZ
Carta de Alejandra Matus
El Colegio de Periodistas solidarizó activamente con Alejandra Matus, autora de
"El libro negro de la justicia chilena". A una declaración pública de protesta
por la incautación de la obra, siguió un recurso de protección que se presentó en la
Corte de Apelaciones, patrocinado por los abogados Juan Aguad y José Galiano. El tribunal
demoró muy poco en rechazar ése y otros recursos similares de escritores y
parlamentarios.
En el Teatro Camilo Henríquez del Círculo de Periodistas -colmado de público, sobre
todo de estudiantes de periodismo- se efectuó un foro organizado por el colegio.
Participaron los periodistas Jorge Donoso y Alejandro Cabrera, los abogados Galiano y
Aguad, y el editor Carlos Orellana. En esa ocasión se leyó una carta que Alejandra Matus
envió desde Buenos Aires al presidente del Colegio de Periodistas, Jorge Donoso. En parte
señala:
"Carlos Orellana, de la editorial Planeta, me pidió que les envíe un saludo. Me
dio una sensación extraña. Recordé esas asambleas que se hacían antes del plebiscito y
en que se leían los saludos de los relegados. En ese caso es otro el castigo y distinto
quien lo ejecuta, pero obviamente atañe a un derecho que es el de todos y es por eso que
yo -que no soy distinta ni mejor que muchos colegas que enfrentan día a día a la espada
de la Ley de Seguridad del Estado- me encuentro en una ciudad extraña escribiéndoles
esta carta.
Redundante sería reiterarles mi compromiso con la libertad de expresión e injusto
pedírselos a ustedes. Desde aquí los he visto por la pantalla de televisión con los
labios amordazados, protestando en pleno palacio de justicia y me he enterado de sus
esfuerzos para que se revoque la incautación de "El libro negro de la justicia
chilena" y se terminen las disposiciones que limitan el ejercicio profesional. Qué
puedo decirles. Sólo enviarles un inmenso abrazo de agradecimiento, aunque imagino que es
también el de miles de chilenos que se sienten orgullosos de verlos pelear por una causa
que es la de toda la sociedad chilena. También me he enterado del entusiasmo y fuerza con
que los estudiantes de periodismo (y los de derecho) se han sumado a esta causa. Me alegro
que ustedes estén ahí para representarlos y darle sentido a su vocación joven.
Esta semana ha sido dura. Aunque tengo un lugar donde llegar, tengo el corazón
partido. Hubiera querido abrazar a mi familia y a muchos amigos antes de partir. También
celebrar la culminación de este esfuerzo de seis años. Hubiera querido que el libro
fuera leído y criticado por su contenido. La decisión de incautarlo ha destapado otros
debates pendientes. Lo ha convertido en bandera de la libertad de expresión. Y no puedo
entristecerme por ello. Menos aún si creo, como creo, que ganaremos y que dentro de poco
los periodistas tendrán una limitación menos para ejercer su función. Pero me gustaría
que cuando las cosas se calmen y la gente pueda comprar el libro en una librería, yo sea
sólo una más de muchos periodistas ejerciendo su labor con libertad y que los lectores
de esta obra puedan reflexionar sobre lo que dicen sus páginas. Entonces este mal rato
cobrará sentido.
Aquí les va el abrazo y nuevamente el agradecimiento"
ALEJANDRA MATUS
Buenos Aires
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El Libro Negro de la Justicia Chilena
