| Em português Ciudad de México, 7 de octubre de 2003 — Para poner fin
a la prolongada historia de desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, un
nuevo estudio realizado por el Banco Mundial propone la necesidad de que las naciones
emprendan profundas reformas de las instituciones políticas, sociales y económicas,
mejoren el acceso de los pobres a servicios y bienes básicos –en especial la
educación–, entreguen transferencias de ingresos a las familias pobres y apliquen
políticas públicas específicas para ayudar tanto a los indígenas como a los
afrolatinos.
Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con
la historia?, cuyo lanzamiento se lleva a cabo hoy en esta ciudad, es el principal
estudio de investigación anual del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Este
documento analiza los motivos de la persistente desigualdad que aflige a la región,
identifica de qué manera ésta obstaculiza el desarrollo y propone formas para lograr
más equidad en cuanto a la distribución de la riqueza, el ingreso y las oportunidades.
"América Latina y el Caribe es una de las regiones
con mayor desigualdad en el mundo", según David de Ferranti, Vicepresidente
para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, quien junto con Guillermo
Perry, Francisco H.G. Ferreira y Michael Walton, dirigieron al equipo que elaboró el
informe. "América Latina es altamente desigual en cuanto a ingresos y también en
el acceso a servicios como educación, salud, agua y electricidad; persisten además
enormes disparidades en términos de participación, bienes y oportunidades. Esta
situación frena el ritmo de la reducción de la pobreza y mina el proceso de desarrollo
en sí".
De acuerdo con la información recabada por los
investigadores, el decil más rico de la población de América Latina y el Caribe se
queda con el 48% del ingreso total, mientras que el decil más pobre sólo recibe el 1,6%.
Por su parte, en las naciones industrializadas el decil superior recibe el 29,1% mientras
que el decil inferior recibe el 2,5%. Los investigadores usaron también el "índice
de Gini" para medir la desigualdad en la distribución del ingreso y el consumo y
descubrieron que, desde la década de los setenta hasta la de los noventa, la desigualdad
en América Latina y el Caribe fue superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos
respecto de los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental.
Los datos muestran que la inequidad en el país menos desigual
de la región (Uruguay) es superior respecto al país más desigual de Europa oriental y
los países industrializados. En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a
empeorar en la región aunque las experiencias son variadas; algunos países con relativa
igualdad, como Argentina, Uruguay y Venezuela, han experimentado aumentos en la
desigualdad; el primero en forma drástica. Por el contrario, Brasil, históricamente el
país con mayor desigualdad de la región, experimentó una levepero significativa mejora,
al igual que México, país que parece haber mejorado un poco su situación.
El informe destaca que la raza y la etnia son los factores que
determinan en forma más permanente las oportunidades y el bienestar de los individuos de
esta región. Tanto los indígenas como los afrolatinos viven "en considerable
desventaja respecto de los blancos", según el informe, puesto que son éstos
últimos los que reciben los ingresos más altos de la región. El estudio se centra en
siete países (Brasil, Guyana, Guatemala, Bolivia, Chile, México y Perú) y revela que
los hombres indígenas ganan entre 35-65% menos que los hombres blancos; la disparidad
entre mujeres blancas y mujeres no blancas es similar. En Brasil, por ejemplo, las mujeres
y los hombres de ascendencia africana ganan alrededor del 45% de los sueldos de sus
contrapartes blancos.
En tres países donde las categorías étnicas y raciales
revisten gran importancia, como Guatemala, Bolivia y Brasil, más del 50% de los hogares
encabezados por hombres o mujeres blancos tienen acceso a alcantarillado, en comparación
con el 30% de los hogares encabezados por hombres indígenas y el 37% de aquellos
encabezados por mujeres indígenas. Entre los brasileños, el 50% de los hogares
encabezados por mujeres blancas tiene alcantarillado, contra el 40,5% de hogares
encabezados por hombres no blancos y el 45,1% de aquellos encabezados por mujeres no
blancas. En toda la región, la parte inferior de todas las escalas de distribución de
activos la ocupan las mujeres y las personas de origen indígena o africano.
En contraste con la brecha permanente relacionada con las
diferencias raciales y étnicas, América Latina sí ha experimentando avances en cuanto a
acortar la disparidad de género en relación con el ingresoy la educación. En gran parte
de la región, las niñas y las jóvenes están en realidad superando a los niños y
jóvenes en términos de logros educacionales.
El problema de la desigualdad es a la vez profundo y complejo.
El equipo de investigadores del Banco Mundial recabó datos de 20 países utilizando
encuestas domiciliarias con una cobertura de 3,6 millones de personas y revisó además
una vasta cantidad de estudios económicos, sociológicos y políticos sobre desigualdad
en América Latina. Los investigadores descubrieron que la desigual distribución de los
recursos que hoy caracteriza a la zona sigue un patrón determinado según los diferentes
rasgos que tomó la colonización europea de la región.
Según el informe, tal como en el antiguo período colonial,
hoy también son los grupos de élite los que dan forma a las instituciones y las
políticas públicas para favorecer en primer lugar sus propios intereses. Un ejemplo de
ello es que los países de la zona no lograron niveles altos de alfabetismo si no hasta
bien entrado el siglo XX. El bajo nivel de apoyo prestado a la educación primaria
contrasta con el generoso financiamiento que recibieron las universidades, donde se
educaban los hijos de los grupos dominantes. Por otra parte, un rasgo característico es
la debilidad de las instituciones políticas de la región y, si bien la transición a
regímenes democráticos vivida por muchos países ha impulsado importantes avances, los
patrones de influencia siguen siendo altamente desiguales y aún existe una tradición de
clientelismo y patronazgo, a pesar de las prácticas electorales a nivel nacional y local.
En una economía global, donde el "capital humano"
es un aspecto crucial para la competitividad, las desigualdades que implican, entre otras
cosas, no desarrollar la capacidad y el conocimiento de los individuos hasta niveles
óptimos, pueden en rigor frenar el ritmo del crecimiento económico y debilitar el efecto
sobre la pobreza del crecimiento que sí se logra.
Para hacer frente a las profundas raíces históricas de la
desigualdad en América Latina, además de los poderosos intereses económicos, políticos
y sociales que la sustentan y que persisten hasta hoy, el informe del Banco Mundial
destaca las siguientes cuatro amplias áreas de trabajo en torno a las cuales se deben
unir los gobiernos y la sociedad civil con el fin de romper con este destructivo patrón:
- Construir instituciones políticas y sociales más abiertas,
que permitan tanto a los grupos pobres como a los subordinados, por ejemplo a indígenas y
descendientes de africanos, lograr mayores niveles de protagonismo, participación y poder
en la sociedad.
- Asegurar que las instituciones y las políticas económicas
procuren mayor equidad, a través de una sólida gestión macroeconómica e instituciones
equitativas y eficaces para resolver los conflictos, que eviten las enormes
redistribuciones regresivas que se producen en situaciones de crisis y que permitan
ahorrar en los "tiempos buenos" para mejorar el acceso de los pobres a las redes
de protección social durante los "tiempos malos".
- Aumentar el acceso de los pobres a los servicios públicos,
especialmente educación, salud, agua y electricidad, así como el acceso a tierras
cultivables y a servicios rurales para que los pobres mejoren la productividad, además de
fortalecer los derechos de propiedad de los pobres en las ciudades.
- Reformar los programas de transferencia de ingresos de modo
que lleguen a las familias más pobres, incluyendo el uso de medidas que condicionen la
asistencia de los niños y niñas a la escuela y a los consultorios de salud, a fin de
mejorar la capacidad de generar ingresos durante todo el ciclo vital.
"El factor clave para reducir la desigualdad en
América Latina es emprender una reforma institucional", dice Guillermo Perry,
el Economista en Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y coautor
del estudio. Según este economista, "para superar la desigualdad que socava los
esfuerzos que hacen los pobres por salir de la pobreza, éstos necesitan ejercer mayor
influencia en las instituciones políticas y sociales, lo que incluye a instituciones y
servicios públicos, de salud y de educación. Para permitirles lograr esa influencia, las
instituciones deben ser totalmente abiertas, transparentes, democráticas, participativas
y fuertes".
Perry y sus colegas que dirigieron el estudio - Francisco
H. G. Ferreira y Michael Walton - concluyeron que el éxito en cuanto a "romper
la larga trayectoria de desigualdad en América Latina" depende "de un fuerte
liderazgo y la creación de amplias coaliciones" con el fin de lograr avanzar en la
primera área de trabajo, a saber, movilizar "el protagonismo político de los
gobiernos progresistas y de los pobres."
A medida que se procede con la reforma institucional, que
permitiría a los pobres obtener poder en el proceso de toma de decisiones, es más
probable que se adopten políticas para reducir las desigualdades. Usando como base las
experiencias regionales en materia de políticas públicas, los investigadores del Banco
identificaron tres áreas con las cuales, de aplicarse reformas específicas, se
lograrían los máximos efectos en cuanto a reducir la desigualdad.
La primera área se refiere a las instituciones fiscales y
financieras, cuyo objetivo sería asegurar que el gobierno siga una senda macroeconómica
estable y firme y desarrollar un sistema financiero sólido, a fin de reducir la
probabilidad de sufrir una crisis. Debido a que no es posible evitar del todo las crisis,
también se necesita contar con instituciones equitativas y eficaces para enfrentar estas
situaciones. De esta forma, los países pueden evitar caer en enormes redistribuciones
regresivas, como ha sido el caso en crisis anteriores.
Además, las instituciones fiscales deben facilitar el ahorro
en los tiempos buenos para mejorar el acceso de los pobres a las redes de protección
social y al crédito en los tiempos difíciles. Esto también implica la creación de
instituciones financieras y legales sólidas que faciliten la formación por parte de los
empresarios de pequeñas firmas en el sector formal y protejan los derechos de propiedad
de los pequeños agricultores, lo que a su vez ayuda a acceder a créditos.
Segundo, al ampliar el acceso a los servicios públicos tales
como educación, salud, agua, electricidad y otra infraestructura, así como a tierras y
servicios rurales, los gobiernos pueden incrementar el "capital físico y
humano" de un país y mejorar la capacidad generadora de ingresos durante todo el
ciclo vital de los pobres, junto con perspectivas globales más alentadoras de crecimiento
nacional.
"La educación es el activo de producción más
importante al que la mayoría de la gente puede acceder alguna vez", dice el
coautor del informe, Michael Walton. "En principio, la mayoría de los
gobiernos están de acuerdo y han logrado que el acceso a la educación primaria sea casi
universal. Sin embargo, la calidad de esta educación sigue siendo baja en América Latina
y hay una necesidad urgente de mejorar tanto la cobertura como la calidad de la educación
secundaria, así como de crear mecanismos para abrir el acceso a la educación terciaria a
otros grupos aparte de aquellos con ingresos altos".
Por último, el informe llama a reformar el "trunco y
elitista estado de bienestar" que prevalece en América Latina, de modo que la
asistencia y la seguridad social realmente lleguen a los pobres y a los hogares que
dependen del sector informal. Para abordar esta complicada agenda, el informe se centra en
un conjunto específico de medidas a modo de ilustrar lo que se puede lograr. Por ejemplo,
las transferencias de ingresos focalizadas - cuya entrega está condicionada a que los
niños y niñas se mantengan en la escuela y asistan a los servicios de salud - podrían
constituirse en una parte importante de un estado de bienestar más equitativo. Para
defender el uso extensivo de las transferencias condicionadas en efectivo, el equipo
investigador cita como ejemplo el éxito de los programas que están en marcha en México,
Brasil y Nicaragua.
El Programa "Oportunidades" de México (antes
PROGRESA) ayuda a las familias pobres a financiar los costos de educación y de salud; el
"Programa Nacional de Bolsa Escola" y el "Programa Bolsa
Alimentação," de Brasil, ofrecen subsidios de educación y nutrición,
respectivamente. Según los resultados recabados en México, donde Oportunidades
benefició a 4,2 millones de familias rurales y urbanas a fines de 2002, la matrícula en
las escuelas medias aumentó de 67% a alrededor del 75% para las niñas y de 73% a cerca
del 78% para los niños, como consecuencia del programa. Los resultados en términos de
salud y nutrición son incluso más espectaculares. El crecimiento de estatura entre los
infantes en la crucial etapa de los 12 a los 36 meses aumentó en alrededor de 1 cm al
año - en un ambiente con un 44% de incidencia del enanismo o crecimiento insuficiente
entre la población de infantes, antes del inicio del programa. Además y como resultado
del aumento de las visitas a los proveedores de salud, las enfermedades entre
los recién nacidos disminuyeron en un 25%; entre los infantes
menores de dos años en un 19%; y entre los niños de entre tres y cinco años, en un 22%.
Según el informe, estos resultados tan prometedores y otros
parecidos en Brasil y países de América Central donde se han implementado programas
similares, ratifican que es posible romper la larga historia de desigualdades que azota a
América Latina y el Caribe.
Según el coautor del informe Francisco H. G. Ferreira,
"si se diseñan bien y se integran con planes de expansión de los servicios
básicos que lleguen a los más pobres, estas transferencias condicionadas en efectivo
pueden sentar las bases para desarrollar una protección social y un sistema de gestión
de riesgos realmente progresivo en América Latina".
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