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Washington, 14 de junio de 2004 — Según un nuevo estudio del Banco
Mundial, la reglamentación creíble es un requisito fundamental para garantizar que las
reformas que supone la reestructuración y privatización de los servicios públicos de
infraestructura, como el abastecimiento de agua, la electricidad, el transporte y las
telecomunicaciones, mejoren sus resultados y ayuden a reducir la pobreza.
"Una reforma acertada de la infraestructura es imprescindible para lograr los
objetivos de desarrollo del milenio, y en particular para reducir la mortalidad infantil y
potenciar a la mujer", ha declarado François Bourguignon, Primer
Vicepresidente y Primer Economista del Banco Mundial, y director del Departamento de
Economía del Desarrollo del Banco, organismo que preparó el estudio. "Si bien
hubo probablemente cierta "exuberancia irracional" en los últimos años acerca
de los posibles beneficios de la privatización, el hecho es que los servicios públicos
de los países en desarrollo necesitan financiamiento privado para mantener y ampliar su
oferta a los pobres".
El estudio, dado a conocer hoy en el Banco Mundial, tiene como título Reforming
Infrastructure - Privatization, Regulation and Competition, y en él se señala la
"reglamentación eficaz" como la condición más decisiva para conseguir una
reforma adecuada de la infraestructura. "La reglamentación que representa un
compromiso creíble con la salvaguarda de los intereses tanto de los inversionistas como
de los clientes es crucial para atraer el capital privado a largo plazo necesario para
garantizar un suministro adecuado y fiable de los servicios de infraestructura",
se dice en el informe.
En concreto, se observa que los organismos reguladores deben estar libres de
injerencias políticas, y que sus decisiones deben ser objeto de examen por parte del
poder judicial o de supervisión por otra entidad no política. Los procesos de
reglamentación deben alentar la competencia, ser abiertos y transparentes, y formularse
antes de que se lleve a cabo la privatización.
La privatización, se observa en el estudio, tiene poca credibilidad en muchos países
en desarrollo, con tasas de desaprobación de más del 80% en encuestas realizadas en
Argentina y Perú. No obstante, se argumenta también en el informe, este descontento con
los servicios privatizados no se debe a la estructura de propiedad, sino más bien a la
debilidad de las instituciones encargadas de su reglamentación.
Las deficiencias en la regulación explican la mayor parte de los intentos fallidos de
reforma y privatización de la infraestructura en los países en desarrollo, reconoce el
autor principal del informe, Ioannis Kessides, economista superior del Banco
Mundial. "Hay casos en que la privatización se llevó a cabo sin salvaguardas
institucionales y se realizó por procedimientos considerados en muchos casos como
ilegítimos", ha reconocido Kessides. "La privatización no es la
panacea universal, pero tampoco lo es la vuelta al "antiguo sistema" de
servicios públicos de propiedad estatal, antieconómico e ineficiente".
En Reforming Infrastructure se estudian experiencias de reforma y privatización
de los servicios públicos en muchos países en desarrollo y en transición, y se extraen
enseñanzas para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a evitar los
peligros. Se consideran los elementos específicos de la reglamentación y fijación de
precios como medio de conseguir un equilibrio óptimo entre eficiencia económica y
servicio universal.
"Se necesita una gran variedad de inversiones en infraestructura, tanto
públicas como privadas, para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio",
afirma Nemat Shafik, Vicepresidente de Infraestructura del Banco Mundial. "Para
conseguirlo, debemos encontrar los medios para corregir el reciente descenso de la
inversión privada en infraestructura en los países en desarrollo y en transición. Este
estudio confirma que los precios deben ofrecer un incentivo a los inversionistas, pero que
sigue siendo necesaria la concesión de subsidios bien concebidos y de sistemas de
protección social orientados a objetivos específicos para garantizar que los pobres se
beneficien de la mayor eficiencia conseguida y obtengan acceso a servicios vitales".
En Reforming Infrastructure se observa que el financiamiento privado en el
sector de la infraestructura alcanzó un máximo de US$130.000 millones en 1997, y luego
bajó a US$60.000 millones en 2001, debido a la caída de las bolsas en todo el mundo, las
crisis financieras en los mercados emergentes y la vacilación provocada por la oposición
pública a la privatización. Pero el antiguo concepto basado en la propiedad estatal no
tiene mucho que ofrecer, se observa en el estudio, ya que los servicios públicos
estatales de los países en desarrollo, considerados en su conjunto, contrajeron pérdidas
de aproximadamente US$180.000 millones anuales en los primeros años del decenio de 1990
debido a ineficiencias en los sectores del abastecimiento de agua, ferrocarriles,
carreteras y electricidad, cifra casi semejante a la de las inversiones anuales en esos
sectores.
Pero, aun cuando la participación del sector privado en la infraestructura haya
estimulado la inversión y ampliado la cobertura de los servicios, la realidad es que
1.100 millones de personas carecen todavía de acceso a agua potable, 2.400 millones viven
sin saneamiento adecuado y 1.400 millones no tienen electricidad. Para atender estas
necesidades y alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, como se observa en el
informe del Banco Global Development Finance 2004, publicado en el mes de abril, los
países en desarrollo necesitan US$120.000 millones al año desde ahora hasta el 2010 en
inversiones de infraestructura en el sector de la electricidad, y US$49.000 millones
anuales hasta el 2015 para el abastecimiento de agua y saneamiento.
En Reforming Infrastructure se establecen distinciones entre los sectores que
podrían considerarse como candidatos para la privatización. El de las telecomunicaciones
es el que ofrecería mejores perspectivas de privatización y liberalización en los
países en desarrollo, mientras que la electricidad y, en particular, el abastecimiento de
agua son más problemáticos. En este último, se recomiendan las concesiones y
arrendamientos como medios más eficaces de lograr las ventajas de la competencia al mismo
tiempo que se conserva una fuerte supervisión pública.
"Muchos países pueden beneficiarse de una privatización prudente de los
servicios si hacen bien las cosas y no exageran al presentar los beneficios", ha
declarado Michael Klein, Vicepresidente de Desarrollo del Sector Privado, Departamento
conjunto del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI), y Economista
Principal de la CFI. "La supervisión reguladora debe estar en marcha. El
proceso de adjudicación debe ser transparente. La privatización debe tener en cuenta las
necesidades de los pobres, particularmente ampliando la cobertura de los servicios".
Una observación importante del informe es que un elemento clave para una
reestructuración eficaz de los antiguos monopolios públicos es la
"desagregación", es decir, la fragmentación del monopolio original en varias
entidades privadas, o quizá públicas, dentro del mismo servicio o esfera de actividad,
dando entrada a la competencia. Al mismo tiempo, los componentes todavía restantes de
monopolio natural deberían ser objeto de estrecha supervisión o continuar siendo
propiedad estatal. No obstante, en el estudio se advierte que dicha desagregación "hace
que la labor reguladora sea más compleja, lo que será probablemente un problema en los
casos en que la gestión de gobierno sea débil, como ocurre en la mayoría de los países
en desarrollo y economías en transición".
El estudio Reforming Infrastructure - Privatization, Regulation
and Competition puede leerse en http://econ.worldbank.org/
